Afectados por crematorio Plenitud exigen disculpa pública a gobernadora Maru Campos
Colectivos de víctimas demandan al gobierno estatal de Chihuahua una disculpa pública y medidas de reparación tras las irregularidades detectadas en el crematorio Plenitud.
Representantes de familias afectadas por las operaciones del crematorio Plenitud en Chihuahua han solicitado formalmente a la gobernadora Maru Campos que emita una disculpa pública ante las omisiones institucionales detectadas en el caso. Los colectivos argumentan que las autoridades estatales fallaron en la supervisión sanitaria y administrativa del establecimiento, lo que derivó en afectaciones graves a la dignidad de los restos humanos y el bienestar emocional de los dolientes.
La petición presentada ante el despacho estatal subraya la necesidad de que el gobierno reconozca la falta de vigilancia sobre los protocolos de cremación y disposición final de cuerpos. Según los portavoces de los grupos de afectados, la exigencia no se limita a un acto simbólico, sino que busca comprometer a la administración estatal a implementar mecanismos de transparencia para evitar que este tipo de violaciones a la normativa vigente vuelvan a ocurrir en entidades privadas de servicios funerarios.
Por su parte, el equipo de comunicación de la administración estatal ha señalado que los procesos de investigación administrativa y penal siguen su curso bajo la supervisión de las autoridades competentes. Indicaron que se analizará la solicitud de los afectados conforme a los marcos legales de reparación del daño, manteniendo la apertura al diálogo con los representantes de las familias para revisar las condiciones actuales de las licencias de operación funeraria en el estado.
Los afectados han enfatizado que la falta de supervisión adecuada por parte de las instancias de salud y protección civil permitió que las irregularidades operativas persistieran durante un tiempo prolongado. Ante este escenario, proponen la creación de una mesa de trabajo interinstitucional que incluya a la Secretaría de Salud y a la Fiscalía General del Estado para garantizar un monitoreo riguroso y periódico de todos los crematorios en la entidad.
Este caso ha puesto en el debate público la eficacia de los protocolos de inspección en el sector de servicios funerarios de Chihuahua. Los colectivos de víctimas esperan que la respuesta del gobierno estatal siente un precedente sobre la responsabilidad del Estado en la salvaguarda de la dignidad humana, incluso después del fallecimiento, ante posibles omisiones de entes particulares.
