Comisiones de San Lázaro aprueban prohibir doble nacionalidad para cargos ejecutivos
La reforma que exige nacionalidad mexicana exclusiva para gobernadores y la Presidencia fue aprobada en comisiones y será discutida en el pleno el 21 de septiembre.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el dictamen que busca reformar la Constitución para establecer como requisito indispensable contar exclusivamente con la nacionalidad mexicana para ocupar la Presidencia de la República y las gubernaturas de los estados. La propuesta, que ha generado un intenso debate legislativo, fue remitida formalmente a la Mesa Directiva para que sea integrada en la agenda del pleno, donde se prevé su discusión y votación final el próximo 21 de septiembre.
El proyecto de decreto plantea modificar el marco jurídico vigente para cerrar la posibilidad de que personas con doble nacionalidad accedan a cargos de elección popular de alto nivel ejecutivo. Según los argumentos expuestos por los proponentes dentro de la comisión, esta medida busca fortalecer la soberanía nacional y garantizar que quienes ocupen las posiciones de mayor responsabilidad en el país tengan un vínculo jurídico y político exclusivo con el Estado mexicano.
Durante la sesión de trabajo, diversos legisladores presentaron sus posturas respecto al impacto que esta restricción tendría en el sistema democrático mexicano. Mientras algunos grupos parlamentarios señalaron que la reforma es necesaria para evitar conflictos de lealtad en las altas esferas del poder, otros sectores expresaron reservas sobre el alcance de estas limitaciones, argumentando que podrían restringir el ejercicio de derechos políticos fundamentales de los ciudadanos mexicanos en el exterior.
El dictamen deberá obtener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para avanzar en su proceso legislativo. Tras este paso, el documento tendría que ser turnado al Senado de la República para su revisión y, en su caso, ratificación, antes de ser enviado a las legislaturas de los estados, dado que al tratarse de una reforma constitucional requiere el aval de la mitad más uno de los congresos locales.
La Mesa Directiva ha confirmado que el calendario legislativo contempla el inicio del debate en el pleno para la fecha señalada, donde se espera que los distintos grupos parlamentarios presenten reservas y propuestas de modificación. La decisión final sobre esta restricción marcará un precedente importante en los requisitos de elegibilidad previstos para los procesos electorales futuros en México.
