Exdirector de la DEA solicita a Omar García Harfuch detener a Rocha Moya

Derek Maltz, quien ocupó cargos directivos en la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), emitió este domingo un pronunciamiento público dirigido a Omar García Harfuch, actual titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México. En su mensaje, el exfuncionario estadounidense señaló que Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, debe rendir cuentas ante las autoridades de su país, instando a una colaboración estrecha entre ambos gobiernos para concretar su presentación ante los tribunales correspondientes.

El señalamiento se da en un contexto de creciente presión internacional respecto a la seguridad en el estado de Sinaloa y la presunta relación de funcionarios públicos con actividades ilícitas. Maltz enfatizó que la rendición de cuentas es un paso necesario para garantizar el Estado de derecho, sugiriendo que la cooperación entre la administración mexicana y las agencias de seguridad de Estados Unidos debe priorizar la captura de figuras de alto nivel involucradas en investigaciones criminales transnacionales.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no ha emitido una respuesta oficial sobre este exhorto particular. Por su parte, el gobernador Rocha Moya ha negado en diversas ocasiones tener vínculos con organizaciones delictivas, manteniendo su postura de colaborar con las investigaciones que las autoridades mexicanas consideren pertinentes dentro del marco legal vigente en el país.

La solicitud de Maltz añade un nuevo componente a la agenda de seguridad que lidera García Harfuch, quien desde su llegada a la SSPC ha priorizado la estrategia de inteligencia y la coordinación con agencias extranjeras. El debate se centra ahora en cómo el gobierno mexicano procederá ante las peticiones de extradición o entrega de funcionarios que son requeridos por la justicia fuera de sus fronteras, un tema que continúa generando tensiones diplomáticas entre ambas naciones.

Este llamado ocurre en un momento crítico para la entidad federativa, donde la ciudadanía demanda una mayor claridad sobre las operaciones de seguridad y el combate a la impunidad. La relación entre la FGR y las agencias internacionales será fundamental en las próximas semanas para determinar si existen elementos jurídicos suficientes que respalden las peticiones realizadas por los exfuncionarios de la DEA.