Proyectan dividir la Suprema Corte en dos secciones para acelerar resoluciones
El Poder Judicial analiza una reestructuración interna para agilizar la carga de trabajo mediante la creación de dos secciones especializadas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza actualmente una propuesta técnica orientada a dividir su funcionamiento en dos secciones especializadas. El objetivo principal de esta iniciativa es optimizar los tiempos de resolución y reducir el rezago en los expedientes que llegan diariamente al máximo tribunal del país. De concretarse, este ajuste permitiría una distribución más eficiente de las controversias constitucionales y los amparos en revisión que saturan la agenda de los ministros.
La propuesta, que surge en un momento de intenso debate sobre la eficiencia del sistema judicial mexicano, plantea que cada sección se encargue de materias específicas para profesionalizar el análisis de los casos. Actualmente, el pleno de la Corte enfrenta una carga de trabajo constante que ha motivado a diversos sectores del ámbito legal a sugerir cambios en su estructura operativa. Esta medida, de carácter administrativo, busca fortalecer la capacidad de respuesta del Poder Judicial ante las demandas de justicia de la ciudadanía.
Fuentes cercanas al proceso interno indican que el diseño de esta segmentación aún se encuentra en etapa de análisis preliminar. No se trata de una reforma constitucional, sino de una reorganización facultada por la propia normativa interna para dinamizar los procesos internos. La intención es que cada sección cuente con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar un estudio profundo de los asuntos sin comprometer la calidad de las sentencias emitidas.
El proyecto será discutido formalmente por el pleno en próximas sesiones, donde se evaluarán las implicaciones logísticas y operativas de implementar este esquema de trabajo dual. Si bien la propuesta ha generado expectativas dentro de la comunidad jurídica, las autoridades judiciales han subrayado que cualquier modificación debe respetar estrictamente el marco legal vigente. La prioridad, según los involucrados, es asegurar que el acceso a la justicia sea más ágil para todas las partes involucradas en los litigios que llegan a la última instancia nacional.
